¡Funcionario del ISSSPEA involucrado en fraude con venta de terrenos!

AGUASCALIENTES, AGS.- El Banco del Bajío demandó al fideicomitente encargado de la compra-venta de terrenos en Capital City, quien al momento de hacer la transacción era el representante legal del banco y que ahora es funcionario en el ISSSSPEA en la presente administración estatal que encabeza el priista Carlos Lozano de la Torre.

El procurador de Justicia del Estado, Felipe Muñoz, adelantó que está por consignarse una averiguación previa en la que está involucrado el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat por un fraude en la compra-venta de terrenos, que aunque no lo mencionó en entrevista, fuentes de la dependencia confirmaron a NOTICIERO EL CIRCO que se trata de un fraude en el fraccionamiento Capital City.

A decir del fiscal, el monto del presunto fraude podría ascender a los 27 millones de pesos y en él podría estar involucrado el representante del Banco del Bajío en 2009, Sebastián Ramírez de Arellano Aguilar, quien hoy trabaja como director administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSPEA).

Documentación a la que EL CIRCO tuvo acceso, indica que el fideicomiso quedó registrado con el número 7445-10-139 constituido tanto por Banco del Bajío, entidad que nombró como encargado fiduciario a Sebastián Ramírez de Arellano Aguilar, según consta en la copia a la que se pudo acceder, y como depositario de los terrenos se nombró a Fernando Loperena González, quien es el socio principal en la Sociedad de Responsabilidad Limitada Real Estate Isla San Marcos, según consta en documentos del Registro Público de la Propiedad en el Estado, sociedad a la que Loperena González entró con 7 millones 310 mil pesos.

Consta en el Periódico Oficial del Estado, publicado el 2 de noviembre de 2009, que la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano autorizó a Luis Fernando Loperena la construcción del fraccionamiento Capital City, que se dividiría en 73 macro-lotes vendibles de 303 mil 91 metros cuadrados, lo que equivale al 74.6% del total del terreno; dos lotes de donación de 6 mil 170 metros cuadrados y 97 mil metros en vialidades.

No obstante, el propietario de la mayoría de los lotes era en realidad Banco del Bajío y no Capital City o Real Estate Isla San Marcos, denominación social a la que se le otorgó el permiso por parte del Gobierno del Estado y Municipio para la construcción total del fraccionamiento.

Entre los propietarios de los lotes mencionados está el hermano del entonces secretario de Desarrollo Económico del Estado, Armando Jiménez San Vicente, quien también aparece en la averiguación previa por consignar por la Procuraduría de Justicia del Estado, revelaron las fuentes.

Por esta maniobra, la de ceder el poder del fideicomiso a Loperena y se presume por haber vendido lotes propiedad del Banco al presunto prestanombres de Reynoso Femat, es que fue demandado Ramírez de Arellano Aguilar por su antiguo patrón, el Banco del Bajío.

La demanda fue ganada ya por el Banco con sede en Guanajuato, según consta en la causa penal 59/2012, alojada en el portal de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, el Poder Judicial habría resuelto de fondo el último amparo interpuesto por el hoy burócrata en noviembre del año anterior.

“Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Sebastián Ramírez de Arellano Aguilar no dio cumplimiento al requerimiento formulado por auto del 1 de junio del año en curso, para que exhibiera copias del escrito de expresión de agravios, por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto y con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesto el recurso de revisión intentado contra la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil doce, en el presente juicio. Por otra parte, toda vez que el referido recurso de revisión se tuvo por no interpuesto y que dentro del término legal para la impugnación de la resolución emitida en este juicio, no se recurrió por alguna de las demás partes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 354, 355 y 356, fracción II, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, remítase al Juez Segundo de Distrito en el Estado, las copias certificadas de la causa penal 59/2012 de su índice, que fueron enviadas como complemento del informe justificado que se rindió en el presente juicio de garantías y solicítese, que haga llegar a este tribunal el acuse de recibo correspondiente”, se lee en el portal del Poder Judicial.

Por el momento se desconoce la situación jurídica de Ramírez de Arellano Aguilar, pero se conoce que todavía despacha como funcionario del ISSSPEA.