¡Diseña la CEAV declaratoria de ausencia provisional y judicial por desaparición de personas!

• Promover como política pública el reconocimiento de los derechos de las víctimas indirectas, producto de la desaparición
• Detrás de la fría estadística de los desaparecidos, existe el dolor de muchas madres, padres y familias completas, que representan situaciones de enorme tragedia

MEXICO, D.F.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) trabaja en la elaboración de políticas públicas que atiendan el tema de las víctimas de desaparición de personas, para lo cual ya tiene adelantos importantes en dos documentos modelo: la declaratoria provisional de ausencia por desaparición y la declaratoria judicial de ausencia por desaparición, informó el comisionado Julio Hernández Barros.

Al participar en el Foro Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la Agenda Legislativa del Congreso de la Unión, organizado por el Senado de la República, el comisionado de la CEAV explicó que la declaratoria provisional de ausencia por desaparición constituye, desde el plano administrativo, un primer reconocimiento de derechos de las víctimas indirectas afectadas por la desaparición.

Esta declaratoria podría permitir la representación jurídica de la persona desaparecida en los distintos actos en los que tendría que comparecer. Se trata de un documento que tendría que extender una autoridad administrativa, sea por la figura de un gobernador, un procurador, e incluso la propia CEAV.

En tanto que la declaratoria judicial de ausencia por desaparición, ya sin un carácter provisional, sería emitida por un juez y haría las veces de un documento para actos de dominio por parte de la o las víctimas indirectas, que les permitiría disponer de los bienes de la persona desaparecida para que, conforme a las normas legales, así como la debida acreditación y responsabilidad jurídica, pudieran hacer frente a los gastos y economías suficientes, para no quedar en total indefensión sin posibilidad de siquiera cubrir los gastos más elementales.

Hernández Barros recordó que detrás de la fría estadística de las personas desaparecidas, existe el dolor de muchas madres, padres y familias completas, que representan situaciones de enorme tragedia y desamparo.

Las autoridades están obligadas a buscar a quienes han desaparecido y ofrecer soluciones integrales, porque “un país que no sabe en dónde están 30 mil de sus ciudadanos, de acuerdo con cifras oficiales, es un país con serios problemas”, afirmó.

En este sentido, el comisionado precisó que estas declaratorias tendrían que ser gratuitas, emitidas con prontitud y bajo el criterio de presunción de vida de la persona desaparecida, “porque no se puede admitir que la víctima indirecta tenga que aceptar que su ser querido desaparecido, sea considerado ya fallecido”; así como reglas claras para que una vez que pueda ser localizada, pueda ser informada con detalle del uso de sus bienes durante el tiempo que estuvo ausente.

Anunció también la elaboración de dos protocolos: uno para la búsqueda de personas y otro para el manejo de datos forenses, que pronto serán integrados en su totalidad con la ayuda y asistencia de expertos y técnicos especialistas en la materia.

Recordó que todas las propuestas que elabora la CEAV para subir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas y que sean aprobadas, tienen un carácter obligatorio para todos los estados de la República.

Por último, el comisionado exhortó a todos los gobiernos estatales y municipales para que armonicen y actualicen sus marcos legales en concordancia con la Ley General de Víctimas, lo que les obliga a cumplir con varios rubros, como contar con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Estatal, un fondo de ayuda y reparación integral del daño a la víctima, un registro estatal de víctimas y una asesoría jurídica; sin embargo, mencionó que pese a la inminencia del plazo el próximo tres de mayo, pocos estados han avanzado o informado oportunamente de la situación en la que se encuentran en este tema, para cumplir con lo dispuesto en la ley.