¡Increíble: aprobaron cuentas públicas en Aguascalientes pese a millonarios desvíos!

AGUASCALIENTES, AGS.- El Congreso del Estado aprobó por mayoría, en sesión extraordinaria, las cuentas públicas del 2012 del Gobierno del Estado así como de los 11 municipios que conforman la entidad, a pesar de contar más de mil 370 observaciones que significaron poco más de mil millones de pesos, de los cuales solo se ordenó reintegrar 75 millones de pesos al erario.

Con 25 votos a favor y uno en contra salieron adelante las cuentas públicas de los gobiernos, en su mayoría priistas, encabezados por el del Estado y el Ayuntamiento capitalino, respectivamente por Carlos Lozano de la Torre y Lorena Martínez Rodríguez.

Los sufragios fueron 13 del PRI, 5 de Nueva Alianza, 3 del PAN, 2 del PVEM, 1 del PT 1 de un diputado independiente y solo votó en contra el perredista Gilberto Carlos Ornelas, quien expuso en tribuna que el Órgano Superior de Fiscalización al sólo auditar el 19 por ciento de las cuentas públicas y no interponer una sola querella penal en contra de los servidores públicos responsables de malos manejos, “le hace un flaco favor al Gobierno del Estado”.

Carlos Ornelas puso el dedo en la llaga cuando cuestionó el por qué no se auditó en esta ocasión a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social (SEBIDESO) del Gobierno del Estado, cuando en el 2011 arrojó decenas de observaciones no solventadas por presuntos desvíos de recursos y al ejercicio siguiente, en donde hubo elecciones federales, no se revisaron sus cuentas públicas, “lo cual es totalmente incongruente”, dijo.

Por su parte, el diputado priista Arturo Robles Aguilar, presidente de la Comisión de Vigilancia, en entrevista minimizó el asunto y señaló que el 92 por ciento de las observaciones no solventadas “son de tipo administrativas o de control… algunas o varias convocatorias imprecisas, personal que no reunió los requisitos al momento de ser contratado, algo que tiene que ver con acciones y sanciones a funcionarios. Cuestiones de manuales y de orden”.

Añadió que “de las afectaciones al erario, el OSF determinó en cuestiones de obra pública cuando no daban, vamos a decir, sí en una área deben ser mil metros cuadrados pavimentados y en realidad eran 900, 950, el pico se planteó que se reintegre y es el caso por ejemplo en el Instituto de la Mujer, hay una solicitud de reintegro a una persona que en materia de obra pública tiene que resarcir 1 millón 600 y tantos mil pesos que tiene que ver con lo que hace un momento acabo de destacar y en la Secretaría de Finanzas hay piquitos de ese tipo y ahí son poco más de 3 millones de pesos. En el Instituto de Salud hay un recurso de más de 36 millones de pesos que no se ejerció y es una situación que preocupa porque a final de cuentas tiene que ver con la atención de salud porque no se atendió a la ciudadanía más necesitada y en total de gobierno son poco más de 40 millones de pesos que hay que reintegrar”.

En los municipios dijo que “en la capital trae solicitud en correcciones de obra pública por 3.9 millones de pesos y en CCAPAMA observaciones en obra pública esos piquitos también por 1 millón 600 y tantos mil pesos, en general en conjunto del municipio lo que tiene que resarcir son casi 6 millones de pesos”.

A su vez expresó que “en los municipios del interior encontramos cuestiones de poco profesionalismo, hubo reorientación de fondos como el SUBSEMUN que se aplicaron a otras cuestiones, aquí no hay dolo, sino mala aplicación. De los fondos federales prácticamente todos los municipios utilizaron fondos del directo municipal, no es dolo, no es negligencia ni afectación al erario porque utilizaron estos recursos para el pago del ISSSSPEA, pago al INAGUA y entre todos los municipios del interior tienen que resarcir 29 millones de pesos, y el que tiene que reintegrar más es Jesús María con poco más de 18 millones de pesos”, dijo.

Uno de los casos llamativos es en el INAGUA, donde su titular Guillermo Saúl Rivera, quien cobra 91 mil pesos mensuales, no se encuentra su nombre registrado en la plantilla laboral de esa instancia. Así como en el Instituto de las Mujeres, donde se le ordenó reintegrar 121 mil 151 pesos a Cynthia Alvarado Rodríguez, quien cobró esos recursos de enero a junio del 2012 como directora de Relaciones Interinstitucionales, sin embargo no se logró establecer su relación laboral, (aviadora).

Entre las instituciones de Gobierno del Estado con mayor número de anomalías están el Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes (FDIA), que tiene que resarcir casi 9 millones de pesos; el FIADE presentó irregularidades por cerca de 200 millones de pesos con otorgamiento de obras dos de ellas grandes e inconclusas como un libramiento carretero donde se autorizaron 120 millones de pesos y un Centro de Convenciones con un crédito de 54 millones de pesos, así como deudas por cobrar por unos 44 millones de pesos.

El INAGUA presenta anomalías por casi 65 millones de pesos, el IEA por 450 millones de pesos luego de que se autorizó una compra de miles de computadoras portátiles a la Universidad de Campeche que no entregó los equipos y se tiene una demanda por la vía penal para recuperar esos recursos.

El ISEA con casi 40 millones de pesos y el DIF estatal con 42 millones de pesos, de ellos 34 millones de pesos que ejerció sin autorización.

En tribuna, el diputado panista Arturo González Estrada afirmó que el Congreso “es burlado y queda nuevamente en ridículo al aprobar estas cuentas y sancionar a unos y tapar a otros cuando se contemplan las mismas anomalías”.

Sin embargo votó a favor de la aprobación.